Derecho a la información

La PDLI se adhiere a la ‘Declaración de la UNED’ de la Red de Consejos de Transparencia

1 Oct , 2020  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha adherido, junto a cerca de una veintena de organizaciones y expertos, a la ‘Declaración de la UNED’, un manifiesto colectivo en el que la Red estatal de Consejos y Comisionados de Transparencia, como órganos garantes de la Transparencia, reclaman un mayor respaldo y garantía de este derecho fundamental.

Reproducimos a continuación el contenido íntegro de dicha ‘Declaración’:

DECLARACIÓN DE LA UNED

En las dos anteriores ediciones, 3ª y 4ª, de este Congreso Internacional de Transparencia, celebrados en septiembre de 2018 en Cádiz y en septiembre de 2019 en Málaga, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formularon sendas declaraciones públicas de impulso a la transparencia y al derecho de acceso a la información pública y de demanda de un mayor apoyo a su labor por parte del resto de los poderes públicos y las Autoridades estatales, autonómicas y locales.

Ambas Declaraciones contaron con la anuencia explícita de los organizadores del Congreso y de diversas personalidades y organizaciones de la sociedad civil, y alcanzaron cierta repercusión en los medios de comunicación, tanto a nivel estatal como autonómico y local, así como en las redes sociales.

Las Declaraciones de la Red estatal de Consejos y Comisionados de Transparencia planteaban dos cuestiones fundamentales a los Gobiernos y Autoridades públicas.

En primer lugar, la necesidad de continuar impulsando la transparencia y la garantía del acceso a la información pública como pilares fundamentales de la transformación demandada por los ciudadanos, las ciudadanas y la sociedad civil organizada en el proceso político y administrativo de todos los niveles de gobierno del Estado en orden a hacerlo cada vez más abierto, participado y cercano.

Y en segundo lugar, la necesidad también de un reconocimiento de la labor fundamental de los Consejos y Comisionados de Transparencia en este sentido,  que, desde su posición de independencia del gobierno y las administraciones, actúan como garantes de los derechos de la ciudadanía y como promotores del cambio y la implantación efectiva de la cultura de la transparencia en nuestra vida pública, dándoles un apoyo material explícito, en forma de una mayor dotación de recursos económicos, humanos y materiales.

Así mismo, en la Declaración de Málaga se reclamaba para los Consejos y Comisionados de Transparencia un protagonismo efectivo en la propuesta y puesta en práctica de las medidas que pudieran diseñarse para modificar la actual normativa básica en materia de transparencia y acceso a la información, que, como ha quedado de relieve después de cinco años de aplicación y de su desarrollo por las Comunidades Autónomas y algunos gobiernos locales, ha quedado superada por las circunstancias y no satisface plenamente las peticiones y demandas de la ciudadanía

El protagonismo de los Consejos y Comisionados en esta futura modificación de la normativa básica de transparencia y acceso a la información pública resultaba en su momento y también resulta hoy  especialmente necesario puesto que algunas de las insuficiencias o mejoras de la misma más reiteradamente demandadas por las ciudadanas, los ciudadanos y la sociedad civil organizada están directamente relacionadas con las facultades coercitivas o sancionadoras de los órganos garantes.

Centrándonos en la fecha actual y yendo al terreno de los hechos, hay que decir que las Declaraciones formuladas por la Red de Consejos y Comisionados en los Congresos de Cádiz y de Málaga no han obtenido a fecha de hoy la respuesta esperada.

La transparencia, el acceso a la información y los propios órganos garantes continúan estando ausentes de la agenda de los gobernantes y los grupos políticos

Si bien es un hecho que, año a año y mes a mes, la política de transparencia en nuestro país va reafirmándose y se incrementa paulatinamente el uso y el conocimiento de las herramientas e instrumentos que pone a disposición de la ciudadanía para ejercitar sus derechos –debido, entre otras causas, al trabajo desplegado por los Consejos y Comisionados junto con el esfuerzo constante de los medios de comunicación y la ciudadanía más organizada y activa-, la transparencia, el acceso a la información y los propios órganos garantes continúan estando ausentes de la agenda de los gobernantes y los grupos políticos.

Prueba de ello es el hecho de que el Consejo de Transparencia estatal continúa un año más con una Presidencia interina que debilita y compromete su funcionamiento e institucionalidad.

Es preciso señalar igualmente que los Consejos de Transparencia de Castilla La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria continúan -incomprensiblemente – sin constituirse siquiera, hasta dos años más tarde de haber sido creados por sus respectivas leyes autonómicas, en lo que supone una muestra de incoherencia entre el sistema autonómico de transparencia que se dice y presume configurar por ley autonómica y el realmente “no puesto en marcha”, en la práctica.

La ausencia de reconocimiento y entidad denunciada en todas nuestras declaraciones anuales se manifiesta además, en unos casos, en la citada escasez de medios económicos y, en otros, en la absoluta falta de medios económicos propios, bien porque no disponen de ningún recurso o bien porque carecen de un presupuesto propio y segregado de la institución a la que se vinculan; o en cuanto no se les permite presentar su informe anual ante la comisión o pleno de la institución parlamentaria que los creó, colapsando de esa forma una mínima rendición de cuentas y un mayor conocimiento público de su actuación.

No ha mejorado tampoco el grado de atención prestado por las Administraciones e instituciones públicas a los requerimientos y recomendaciones de mejora expresados por los Consejos y Comisionados reiteradamente en sus acuerdos y resoluciones

Tampoco se ha producido a ningún nivel de gobierno un reconocimiento institucional del papel o la función de los órganos garantes o un apoyo expreso a los mismos ni, por supuesto, un incremento de la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de su labor con toda la eficacia y ejecutividad necesarias.

Finalmente, no ha mejorado tampoco el grado de atención prestado por las Administraciones e instituciones públicas a los requerimientos y recomendaciones de mejora expresados por los Consejos y Comisionados reiteradamente en sus acuerdos y resoluciones ni el nivel de cumplimiento de sus resoluciones, contestadas, incluso, en el ámbito judicial por algunas de las organizaciones o instituciones llamadas a ejecutarlas.

En este estado de cosas, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado se ve obligada a reiterar, en esta Declaración el contenido de sus precedentes Declaraciones de Cádiz y de Málaga.

Así, en primer lugar, es necesario poner de manifiesto la necesidad de que la política de transparencia y acceso a la información se configure como un objetivo prioritario e irrenunciable de la acción de todos los Gobiernos, Administraciones y Poderes del Estado.

La transparencia es una demanda permanente e irrenunciable de la ciudadanía como lo prueba el hecho incontrastable del crecimiento constante y sostenido de las solicitudes de información

Y ello porque, además de constituir una pieza clave en la transformación de las Administraciones Públicas para convertirlas en las organizaciones abiertas, participadas y cercanas que exige la sociedad del siglo XXI, constituye también una demanda permanente e irrenunciable de la ciudadanía, que no se considera satisfecha con la actuación seguida en la actualidad por las instituciones y Administraciones públicas, como lo prueba el hecho incontrastable del crecimiento constante y sostenido de las solicitudes de información dirigidas a los organismos y entidades públicas y de las reclamaciones planteadas ante los órganos garantes, así como de la complejidad de las mismas que cada vez van afectando a aspectos distintos de la actuación pública y a nuevas exigencias de rendición de cuentas.

En relación con la importancia de la demanda social de transparencia, no puede dejarse de mencionar lo sucedido al respecto en los últimos meses en España y en todo el mundo con ocasión de la catastrófica pandemia de Covid 19, que ha puesto a prueba con su lamentable reguero de víctimas y sus desastrosas consecuencias, los sistemas sanitarios y la resiliencia de las sociedades a nivel global.

La demanda de transparencia en la actuación pública y de información ajustada y veraz sobre las consecuencias de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención, ha sido una constante presente en todos los Estados y las sociedades organizadas a nivel mundial.

La pandemia ha demostrado que el suministro de la información  ha sido la herramienta más eficaz para mitigar la alarma de la población y minimizar el efecto indeseable de las informaciones ficticias

Así mismo, a raíz de la desdichada situación causada por la pandemia, ha quedado demostrado que el suministro de la información al respecto ha sido la herramienta más eficaz para mitigar la alarma de la población y los correlativos y lógicos sentimientos de confusión y preocupación, al posibilitar el conocimiento de los datos reales y minimizar el efecto indeseable de las informaciones ficticias.

La existencia de órganos independientes, encargados de supervisar y evaluar la actuación en este sentido de las Administraciones representa, junto a los Tribunales de Justicia, la garantía institucional necesaria para la efectividad de los derechos y también el estímulo necesario para que dichas Administraciones e instituciones cumplan eficazmente con las exigencias legales en la materia

Es evidente que los Consejos y Comisionados de Transparencia cumplen una función decisiva en la implantación efectiva de la transparencia. La existencia de órganos independientes, encargados de supervisar y evaluar la actuación en este sentido de las Administraciones y las instituciones públicas, representa no solo, junto a los Tribunales de Justicia, la garantía institucional necesaria para la efectividad de los derechos de los ciudadanos, las ciudadanas y sus organizaciones, sino también el estímulo necesario para que dichas Administraciones e instituciones cumplan eficazmente con las exigencias legales en la materia y acometan las transformaciones y modificaciones necesarias de sus procesos de trabajo.

Por ello, el fortalecimiento, normativo y material, de los órganos garantes de la transparencia, el cumplimiento de sus resoluciones, la puesta en práctica de sus recomendaciones y el respaldo a la labor que desarrollan deben incorporarse necesariamente a la estrategia de gestión y a las políticas de todas las organizaciones públicas.

Respecto de la necesaria intervención de los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado en la reforma de la normativa básica de transparencia y acceso a la información, hay que destacar que en 2019, en Santa Cruz de Tenerife, auspiciados por el Comisionado de Transparencia de Canarias, los miembros de la Red celebramos un seminario monográfico dedicado a esta cuestión, que nos permitió alcanzar un consenso unánime respecto de varias de las modificaciones que sería necesario introducir en la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Entre estas cuestiones se halla la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los Consejos y Comisionados y del correspondiente régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas; la creación de un Registro estatal de Intereses y Grupos de Interés que, combinado con la publicación de las agendas de trabajo de los altos cargos y responsables políticos, permitirá a la ciudadanía informarse acerca de  las reuniones mantenidos por éstos con grupos de influencia y presión, así como la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones y los y las demandantes de información en caso de conflicto, que ofrezca un marco de relación mutua que permita acercar posiciones y llegar a un acuerdo consensuado sobre el acceso a la información, lo que reduciría la conflictividad existente en la actualidad.

En consonancia con nuestra solicitud de protagonismo en la reforma de la Ley básica estatal, los Consejos y Comisionados de Transparencia hemos resuelto adoptar una posición más proactiva y, además de incluir la solicitud en una Declaración formulada y difundida públicamente, nos proponemos trasladar nuestras propuestas de modificación de la Ley básica de Transparencia tanto al Gobierno del Estado como a los Consejos de Gobierno de nuestros respectivos ámbitos territoriales, así como a todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales y en los distintos Parlamentos y Asambleas Legislativas.

Con ello, pretendemos avanzar un paso más en nuestra labor de apoyo a la completa implantación de la cultura de la transparencia y el acceso a la información en nuestra vida pública y realizar una actuación positiva conjunta como Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado que constituya el inicio de una nueva etapa de nuestra actuación en defensa de la transparencia pública, que trascienda de la simple presentación de solicitudes y demandas y avance hacia la incorporación de propuestas y soluciones.

Es por ello que hoy, a través de esta declaración pública, denominada de la UNED por ser la Universidad Nacional de Educación a Distancia el Centro que, con sus infraestructuras y junto con el esfuerzo de sus organizadores, ha hecho posible la celebración del V Congreso Internacional de Transparencia:

1º.- Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública

2º.- Igualmente reiteramos la demanda de reconocimiento explícito y apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de nuestras organizaciones y su dotación de recursos.

3º.- Ponemos de manifiesto nuestra decisión de trasladar nuestras propuestas de modificación de la Ley básica de Transparencia tanto al Gobierno del Estado como a los Consejos de Gobierno de nuestros respectivos ámbitos territoriales, así como a todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales y en los distintos Parlamentos y Asambleas Legislativas, especialmente a aquellas que tienen procesos legislativos en marcha con nuevos textos en trámite de aprobación, y de iniciar una nueva etapa en nuestra labor de apoyo a la completa implantación de la cultura de la transparencia y el acceso a la información en nuestra vida pública a través de actuaciones positivas conjuntas que trasciendan de la simple presentación de solicitudes y demandas y avancen hacia la propuesta de medidas y soluciones.

Internet, a 1 de octubre de 2020.

Documento

‘Declaración de la UNED’  de la Red estatal de Consejos y Comisionados de Transparencia

Declaración de la Coalición Pro Acceso

Por otro lado, las organizaciones integrantes de la Coalición Pro Acceso, entre ellas la PDLI, aprobaron el pasado lunes, con motivo del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una declaración conjunta que se ha hecho pública, también, en la clausura de este V Congreso Internacional de Transparencia. En dicho documento se vuelve de nuevo a insistir en la necesidad de reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

Declaración de las organizaciones de la coalición Pro Acceso sobre el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

[Imagen: Biblioteca UNED en Madrid. Foto: UNED]


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