La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado esta mañana en el Registro del Congreso de los Diputados sus demandas a los Grupos Parlamentarios en materia de libertad de expresión y de información para esta XII legislatura.
Se trata de un documento con diez medidas urgentes entregado por la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, junto con la secretaria general de la organización y representantes del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que incluye la derogación de las normas conocidas como “Leyes Mordaza”, la revisión de los delitos de opinión, la recuperación de la independencia de RTVE, o la protección de los denunciantes (“whistleblowers”).
.@Virginiapalonso, pta. @PDLI_ presentando a la prensa en el Congreso 10 propuestas por la libertad de información pic.twitter.com/cUv5bvBnCL
— PDLI (@PDLI_) 22 de noviembre de 2016
Según la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, “hemos asistido a un retroceso de libertades sin precedentes que debe corregirse. Sin ninguna duda, las leyes aprobadas en pasadas legislaturas han sido el principal ataque contra estos dos derechos fundamentales, que además son el pilar de la democracia”.
Hemos asistido a un retroceso de libertades sin precedentes
Sobre las llamadas “Leyes Mordaza”, la presidenta de la PDLI denunció, en declaraciones a los medios, que “no hay ninguna fundamentación que las sustente, solo el temor a que la ciudadanía cuestione decisiones del Gobierno a través de protestas públicas, ya sea en la calle o en las redes sociales”.
También criticó la ambigüedad de la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo: “Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso”, como se ha demostrado, por ejemplo, en las sanciones que durante este año de vigencia se han impuesto a informadores que cubrían hechos noticiosos.
No existe el derecho a no ser ofendido
Respecto a los mal llamados “delitos de opinión”, Virginia Pérez Alonso recalcó que “con frecuencia se nos olvida que no existe el derecho a no ser ofendido”.
Para la PDLI “es preocupante que se utilice el Código Penal para perseguir expresiones que se consideran de mal gusto, chocantes o que fuera de lo que socialmente se considera correcto”, como ya manifestó la organización con motivo de procedimientos judiciales recientes como los juicios contra el artista César Strawberry o el concejal Guillermo Zapata.
Algo que, además, es una anomalía, pues “según los estándares internacionales son conductas que deberían perseguirse, en todo caso, por la vía civil”, explicó Pérez Alonso.
Además recuerdan, siguiendo a expertos internacionales en la materia, que “sólo en aquellos casos de auténtica incitación a la comisión de delitos podría limitarse la libertad de expresión ”.
Por ello han pedido que se revise la regulación del “enaltecimiento del terrorismo” y de los delitos de “injurias y calumnias”.
En cuanto a RTVE, la PDLI plantea, como primer paso, derogar el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente.
Por otro lado, y como una medida inseparable de la lucha contra la corrupción, la PDLI reclama a los grupos parlamentarios la protección de los denunciantes y de las filtraciones.
DOCUMENTO COMPLETO
El documento completo “10 propuestas de la PDLI para esta XII legislatura en materia de libertad de expresión e información” incluye las siguientes:
1. Derogación de las “Leyes Mordaza”
Bajo esta denominación se encuentran tres iniciativas legislativas que el pasado 1 de julio cumplieron un año de vigencia: La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal (la iniciada por Gallardón, y la reforma exprés sobre delitos de terrorismo: el denominado “pacto antiyahista”, pero que, en realidad, presenta un amplio catálogo de amenazas a la libertad de expresión e información).
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2. Recuperar la independencia de RTVE
Es necesario derogar el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente. Tras este cambio, el canal ha sido constantemente acusado de parcialidad y manipulación de la cobertura informativa, lo que llevó a sus propios periodistas a presentar una denuncia ante el Parlamento Europeo en abril de 2015, además de numerosas acciones de protesta que la PDLI ha venido apoyando y difundiendo.
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3. Revisión de los “delitos de opinión” para adecuar nuestras leyes a los estándares internacionales
Casos recientes, como los de César Strawberry , el humorista Facu Díaz, Guillermo Zapata, o el de los titiriteros de Madrid, han propiciado que se ponga en tela de juicio, una vez más, la criminalización de las opiniones que permite el actual Código Penal. No es un debate nuevo: se trata de un tema que la PDLI ya recogió en su informe sobre “Límites y Amenazas a la libertad de Información en España” y cuyas consecuencias, para la libertad de expresión de periodistas, artistas, humoristas o movimientos sociales, la Plataforma viene monitorizando.
Por ello, la PDLI pide a los grupos parlamentarios que revisen la regulación del llamado “enaltecimiento del terrorismo”, incluido en el Código Penal en el año 2000, así como los delitos de injurias y calumnias, injurias a la Corona, y ofensa a los sentimientos religiosos, tal como han recomendado organismos internacionales como la OSCE (Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa).
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4. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prohibición del espionaje preventivo indiscriminado
La Ley de Enjuiciamiento Criminal es el “complemento” procesal de las “Leyes Mordaza”. Algunas de las principales amenazas de la nueva ley son la posibilidad de ordenar la instalación de programas espía (troyanos) para investigar cualquier delito en la red, los “agentes encubiertos informáticos” que, además, podrán intercambiar archivos ilícitos, o la instalación secreta de dispositivos de localización.
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5. Protección legal de los denunciantes
Buena parte de los hechos relevantes que hemos conocido en los últimos años han procedido de filtraciones. Asuntos como la “lista Falciani”, los “documentos de Snowden”, los “correos de Blesa”, o los“Papeles de Panamá”, entre otros muchos, tienen su origen en denunciantes (whistleblowers) cuya situación legal, a pesar del servicio prestado a toda la sociedad, es muy precaria.
La PDLI solicita que se regule esta figura, asegurando su protección, tal como ocurre en otros países y como ha recomendado el Parlamento Europeo.
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6. Publicidad institucional
La falta de transparencia y equidad en el reparto de los contratos publicitarios entre los distintos medios favorece la competencia desleal entre las empresas informativas, suponiendo un obstáculo para la libertad de información.
A pesar de que existe regulación estatal en la materia (la ley 29/2005), esta normativa no ha impedido que la publicidad de instituciones y organismos públicos, cuyo coste total en la Administración General del Estado es cercano a los 50 millones de euros, se empleé como premio o castigo según la línea informativa del medio.
Para acabar con estas situaciones, la PDLI plantea, por un lado, unos requisitos legales más estrictos, y, por otro, una mayor transparencia en la información sobre contratación de publicidad. Por ejemplo, es necesario establecer criterios del reparto publicitario entre los distintos medios de comunicación, a partir de datos armonizados, medibles y contrastables. La PDLI además propone la posibilidad de que este tipo de contratos no puedan “premiar” prácticas de comunicación que nuestro país se ha comprometido a controlar, como los llamados “anuncios de contactos”.
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7. Promover la protección de los periodistas
La PDLI pretende que España desarrolle los principios de la Declaración Internacional sobre la Protección de los Periodistas, aprobado en el pasado Congreso Mundial de Periodismo celebrado en Doha, y que estas medidas alcancen a cualquier informador, en particular a los que no cuentan con el apoyo de grandes medios.
Más información:
- Declaración Internacional sobre la Protección de los Periodistas
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8. Defensa de un Internet libre y abierto
La neutralidad de la red, es según su definición más aceptada “es el principio por el que todo el tráfico de Internet es tratado por igual, sin bloqueos y sin que se ralenticen o prioricen ciertos datos. Es esencial para la libertad de expresión e información, para la competencia online y la innovación”.
Aunque, en principio, la batalla por la neutralidad de la Red en Europa parece ganada, es imprescindible que la normativa española en materia de telecomunicaciones, ahora y en el futuro, respete este principio.
Más información:
9. Reforma de la Ley de Transparencia
Además, la PDLI también señala entre las reformas necesarias, la mejora de la Ley de Transparencia, en consonancia con los niveles internacionales más exigentes para este tipo de normas.
Más información:
Manifiesto para una efectiva transparencia pública
10. Acceso a la Justicia, Turno de Oficio y Ley de Tasas
Además de la derogación de la Ley de Tasas Judiciales, es necesario que se facilite el acceso a la Justicia, apoyando, entre otras medidas, el Turno de Oficio.
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Imagen:
La presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso [centro] junto a Begoña Castro Jover, de la Junta de Gobierno del ICAM [dcha.], Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI [izq.] y Agustín Yanel, secretario general de la FeSP, entregando en el Congreso el documento.
Fotografía: Dani Gago.
