Amenazas y presiones

La PDLI pide a Interior que investigue las amenazas anónimas a periodistas catalanes y reclama a los partidos una declaración de apoyo

6 Nov , 2019  

La Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI) considera de una gravedad extrema  la aparición de carteles anónimos con las fotos de seis periodistas catalanes en los que se les tilda de “terroristas de la información al servicio del Ibex” y pide al ministro del Interior en funciones que ponga todos los medios necesarios para investigar estos hechos y que el culpable o los culpables asuman la responsabilidad de los mismos.

La PDLI recuerda al ministro que es una obligación de los poderes públicos proteger la seguridad de los periodistas como garantía de un derecho fundamental básico en la democracia como es la libertad de información.

Además, la PDLI reclama que, a la mayor urgencia, todos los partidos políticos, a través de sus candidatos a la presidencia del Gobierno, condenen estos hechos y manifiesten su apoyo a los profesionales de la información, sea cual sea la línea editorial de los medios en los que trabajan, en defensa de un Estado democrático plural, donde la libertad de prensa es una pieza básica e irrenunciable.

La PDLI ha comunicado estos hechos a las entidades y organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa para que insten al gobierno español a combatirlos y prevenirlos y, además, promoverá una declaración conjunta de las organizaciones españolas de periodistas.

También ha expresado su apoyo y solidaridad con los seis profesionales señalados en los pasquines: Xavier Sardà (‘El Periódico’), Joan Guirado (‘OkDiario’), Mayka Navarro (‘La Vangaurdia’), Xavier Rius (‘E-notícies’), Laura Fàbregas (‘Crónica Global’) y Estefanía Molina (‘La Sexta’).

 Banalización del ‘terrorismo’

Finalmente, la PDLI denuncia también que la definición ambigua y amplia del concepto ‘terrorismo’ en el Código Penal, contraviniendo los estándares legales internacionales, contribuye a la banalización del término y supone una amenaza inaceptable que, como la PDLI viene advirtiendo desde su aprobación en 2015, puede alcanzar a quien ejerce derechos fundamentales como la libertad de información, expresión o el derecho de manifestación y reunión.

Fotografía: Juan Luis Sánchez


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