La PDLI insta a los Grupos Parlamentarios a acelerar la derogación de la ‘Ley Mordaza’ independientemente del resultado de la moción de censura

La Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) ha presentado esta tarde un escrito en el Congreso de los Diputados instando a los Grupos Parlamentarios a promover con urgencia la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, que lleva tres meses bloqueada en la comisión de Interior en base a dos proposiciones de ley del PSOE y PNV.

La PDLI insta a los Grupos a acelerar este proceso, prospere o no la moción de censura registrada por el PSOE.

📍Tal como anunciamos tras la denuncia a #Evaristo, acabamos de presentar escrito en el Congreso para que se acelere derogación #LeyMordaza pic.twitter.com/yVYudoqjAe

— PDLI (@PDLI_) 30 de mayo de 2018

Además, esta norma ya había pasado por el Pleno anteriormente a través de distintas iniciativas (proposición no de ley, toma en consideración de proposiciones de ley…), sin que ninguna de ellas haya supuesto un avance concreto hacia su derogación o su reforma.

El último caso conocido de una denuncia por la ‘ley mordaza’ fue el del cantante del grupo punk Gatillazo, Evaristo Páramos, a causa la letra de uno de sus temas coreada con el público.

La PDLI ha recordado a los Grupos Parlamentarios el grave impacto de esta ley en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, y ha destacado cómo se viene aplicando contra periodistas, artistas o movimientos sociales.

En todos estos casos, se produce el agravante de que la Policía está pasando por alto la circunstancia de que la persona a quien se va a sancionar puede estar ejerciendo un derecho fundamental, como informar, expresar una crítica o participar en una protesta, lo que convierte a gran parte de estas multas –a juicio de la Plataforma– en inconstitucionales, según viene denunciado.

Igualmente, la PDLI insiste en la indefensión que se produce cuando se inicia un expediente sancionador cuando la Administración es juez y parte, al ser a un tiempo quien denuncia y quien sanciona, y cuando se aplica la presunción de veracidad de las declaraciones del agente.

“Se trata de una ley aprobada en un contexto de baja criminalidad en España y de ausencia de preocupación social por la inseguridad que, sin embargo, se ha demostrado como un eficaz instrumento para reprimir informaciones u opiniones incómodas”, ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

“La sociedad no puede entender que el aparente consenso de todos los grupos, excepto el PP, en este asunto, aún no se haya concretado en la derogación de esta Ley”, ha recalcado.

En cuanto a los proyectos de reforma que ahora mismo se encuentran en la comisión de Interior, la PDLI confía en que los Grupos demuestren su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y opten por la derogación completa de la ley, así como la de su predecesora, la conocida como ‘Ley Corcuera’, y no por reformas parciales, tal como apuntan las enmiendas presentadas.

Los datos de la ‘Ley Mordaza’

Desde la entrada en vigor de esta norma y hasta finales de 2016, se habían impuesto un total de 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior.

Por número de sanciones, las supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llegaron a triplicarse en 2016: se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con un coste de 3.006.761 euros, mientras que en la mitad de 2015 en la que estuvo vigente la ley (desde el mes de junio, cuando empezó a aplicarse) se habían sancionado “sólo” 3.130 conductas por este mismo concepto.

Por su parte, las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “negativa a identificarse” o la alegación de “datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” (artículo 36.6 de la Ley) llegaron a las 12.094, un tercio más que en 2015, cuando se impusieron por este motivo 4.311 multas en los seis meses de vigencia de la ley. Esto supone que el año pasado la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo. La cuantía total de estas multas fue de 10.196.817 de euros.