Amenazas y presiones

La PDLI, en defensa de la libertad de expresión de jueces y fiscales

20 May , 2020  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que el derecho a la libertad de expresión también ampara a jueces y fiscales e incluye la posibilidad de opinar sobre cuestiones de actualidad, por lo que los ataques que han sufrido en los últimos días tanto Consuelo Madrigal, fiscal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado, como Joaquim Bosch, juez y portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, a causa de sus valoraciones sobre la gestión de la crisis del coronavirus son rechazables.

Así, la PDLI considera peligroso el escrito que la Red de Abogados/as Demócratas (FAI-RAD) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado solicitando que se abra expediente disciplinario a Madrigal tras la publicación de una ‘tribuna’ de opinión en el diario “El Mundo” sobre la limitación de derechos durante el estado de alarma: ‘La sociedad cautiva’.

Según este colectivo de abogados, la fiscal podría haber incurrido en una falta grave tipificada en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), ya que en el mismo se prohíbe “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición”.

La PDLI considera, sin embargo, que esta previsión que se aplica solo a las actuaciones en el ejercicio de las funciones de fiscal y no supone una restricción a la libertad de opinión y de expresarse por cualquier medio, incluida la prensa.

La petición de sanción para Madrigal no solo supone una amenaza para la ex Fiscal General del Estado, sino también para cualquier fiscal que quiera pronunciarse libremente sobre cualquier asunto.

Críticas al portavoz de JJpD

Por otro lado, la PDLI rechaza igualmente las críticas que está recibiendo en redes sociales Joaquim Bosch, juez y portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia por pronunciarse sobre cuestiones de la actualidad política.

La PDLI recuerda que a los profesionales de la Administración de Justicia también les ampara el derecho a la libertad de expresión. Lo contrario sería suponer que jueces y fiscales, por el hecho de serlo, tienen suspendidos sus derechos civiles, algo inaceptable e innecesario y desproporcionado para garantizar el correcto desempeño de sus funciones.


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