La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que el derecho a la libertad de expresión ampara a Álex G., el joven cineasta que administra el canal de Youtube ‘Resistencia Films’, y que ha declarado hoy en la Audiencia Nacional como imputado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
Hoy declara en la AN @ResistFilms por presunto enaltecimiento del terrorismo por unos vídeos en Youtube. Es libertad de expresión. Basta ya. https://t.co/MbommKFXFd
— PDLI (@PDLI_) 28 de julio de 2017
Según explicaba en un comunicado alertado de su citación para hoy, Álex (licenciado en comunicación audiovisual y con un máster de cine) creó hace tres años el canal ‘Resistencia Films’ “para difundir los problemas con los que encuentro día”.
El canal está dedicado a material audiovisual de todo tipo (reportajes, documentales, videoclips o cortos), en los que trata de “denunciar la precariedad, los abusos policiales y judiciales, desahucios, violaciones de derechos o represión de los movimientos obreros y populares”, tal como detallaba en una entrevista al diario Público.
Álex G. es, además, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) condena esta nueva criminalización del derecho a la libertad de expresión y confía en el pronto sobreseimiento de la causa.
La PDLI recuerda que el delito de enaltecimiento fue introducido en el Código Penal en el año 2000 cuando la amenaza real del terrorismo era muy distinta. Además, el legislador ya advertía entonces, en la exposición de motivos de aquel proyecto de ley, que su objeto no era recortar la libertad de expresión:
“No se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas…”, tal como puede leerse en el Boletín de las Cortes donde está recogida esa iniciativa.
Sin embargo, la vaguedad con la que finalmente se reguló este delito, y su aplicación discrecional por parte de la Audiencia Nacional (sin tener en cuenta la intencionalidad o el contexto de las conductas que enjucia), está permitiendo que se esté recurriendo a esta figura penal en mayor medida que en los años de actividad de ETA, aplicándose a artistas o activistas en contra de su derecho a la libertad de expresión y de creación.
La PDLI denuncia que estos procedimientos judiciales, además del irreparable daño personal que causan, suponen un ataque muy grave a la libertad de expresión y tienen un indudable efecto de autocensura, que es lo que teme que estén buscando este tipo de denuncias.
La PDLI considera que no hay justificación para mantener en nuestro ordenamiento jurídico esta figura penal que supone una vulneración de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, por lo que pide, una vez más, su derogación, al igual que organismos internacionales como la OSCE que se han pronunciado en el mismo sentido.
