La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha denunciado esta mañana en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las violaciones de la libertad de expresión en España.
AGENDA | Hoy, a las 11,30h., nuestro jurista @JoanBarata interviene en @UNGeneva para informar de la situación de la libertad de información en #España. #HumanRightsDay #DiaDeLosDerechosHumanos #StandUp4HumanRights https://t.co/pdQf03b39h
— PDLI (@PDLI_) December 10, 2019
El jurista experto en derecho internacional y socio de la PDLI, Joan Barata, ha intervenido en una presesión de este organismo para presentar un exhaustivo informe en el que se recogen, entre otras cuestiones, los efectos del Código Penal en la libertad de expresión (como las sentencias contra tuiteros o artistas por ‘enaltecimiento del terrorismo’), la interpretación ‘expansiva’ de los delitos de odio, o las multas a periodistas por la Ley de Seguridad Ciudadana.
El informe está firmado, además de por la propia Plataforma, por entidades como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el grupo de investigación ‘Regulación jurídica y participación del ciudadano digital’ de la Universidad Complutense de Madrid (miembros de la PDLI) y Access info Europe.
El objeto de este documento es aportar información sobre al cumplimiento por parte de las autoridades españolas de los estándares internacionales aplicables sobre el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El balance que arroja el informe refleja el grave deterioro de este Derecho Fundamental en los últimos años en nuestro país.
En su intervención, el jurista de la PDLI, Joan Barata, ha denunciado, por un lado, “las previsiones el Código Penal español (CP) orientadas a proteger derechos e intereses tales como el derecho a la reputación (honor), los sentimientos religiosos, la integridad de los símbolos nacionales o la ausencia de discursos que puedan ser particularmente ofensivos para determinados colectivos (en una interpretación expansiva del concepto de discurso del odio)”.
Y ha recordado que “estos preceptos, y su aplicación por parte de los Tribunales, han dado lugar en diversas ocasiones a restricciones desproporcionadas e injustificadas de la libertad de expresión, limitando negativamente la libre difusión, especialmente, de sátira política o discursos provenientes de colectivos minoritarios o incluso artísticos”.
Por ello se ha pedido la reforma o derogación de dichos preceptos penales referidos a estas materias.
En segundo lugar, ha denunciado la legislación administrativa de seguridad ciudadana ha permitido que “personas ejerciendo actividades de carácter periodístico e informativo con relación la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad hayan sido objeto de procedimientos administrativos que han finalizado en sanción”.
Además, Joan Barata ha informado de las decisiones judiciales en las que, en virtud de la legislación terrorista, se ha condenado “a cantantes o humoristas completamente desvinculados de actividad terrorista alguna”.
En materia de acceso a la información Barata ha recordado que “España está incumpliendo los estándares internacionales al no haber sido reconocido el acceso a la información como un derecho fundamental por los legisladores ni por los tribunales, por la dificultad de realizar solicitudes, por los obstáculos de acceso a la justicia en caso de denegación, la no aplicación a todas las instituciones del Estado o la ausencia de información específica sobre grupos minoritarios”
Finalmente, la PDLI ha pedido que España “adopte las normas jurídicas que permitan la protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas y de otras personas que participen en la divulgación de información que sea de interés público, particularmente con relación a los llamados altertadores o whistleblowers”, así como un marco que proteja la “existencia de medios comunitarios sin ánimo de lucro.
Este informe pro
Este un informe conjunto sobre el estado de la libertad de expresión en España que ha presentado la PDLI ante Naciones Unidas se enmarca en el ‘Examen Periódico Universal’ (EPU) al que España se está sometiendo.
El ‘Examen Periódico Universal’(EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Informe conjunto sobre el estado de la libertad de expresión en España (EPU 2019)
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