Censura

Amenazas y presiones

La PDLI contra las amenazas de Catalá a la prensa

30 Abr , 2015  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha dirigido en el día de hoy al ministro de justicia, Rafael Catalá, para manifestarle su más profundo rechazo ante su sugerencia de este miércoles de “sancionar” a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial”. Una “reflexión” que la PDLI califica de “barbaridad”.

La PDLI, que considera estas declaraciones “una amenaza velada a los medios que están cubriendo casos de corrupción”, entiende que “es un debate que está cerrado, tanto por la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la libertad de información, como la jurisprudencia: los jueces, cuando han tenido que ponderar el posible conflicto entre derechos individuales (como el derecho al honor) y la libertad de información, se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la segunda cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general”.

“Con el cambio que propone el ministro Catalá, no habríamos podido publicar los correos de Blesa. No sabríamos nada de la investigación judicial a Rodrigo Rato. No conoceríamos los detalles de la Gürtel, o de la Púnica, o de los Eres de Andalucía, o de las “asesorías verbales” de Trillo y Pujalte. Argumentar que este cambio propuesto por el ministro solo busca defender “la intimidad” y la “presunción de inocencia” es tomar por idiotas a los ciudadanos”, ha afirmado Ignacio Escolar, director de eldiario.es, uno de los socios fundadores de la PDLI.

A pesar de la aparente aclaración del ministro esta mañana, negando que el gobierno planee “penalizar a los medios”, la PDLI teme que detrás de la amenaza de ayer se esconda la misma intención que en la Ley Mordaza: evitar que sean los jueces quienes resuelvan estos casos, aplicando, en cambio, “multas” o “sanciones administrativas”.

También desconfía la PDLI de la rectificación de Catalá porque proyectos legislativos ahora en tramitación parlamentaria (como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial) apuntan igualmente a la censura en los procedimientos judiciales, al prever que se supriman de los sumarios los datos personales, de modo que las partes y la prensa no puedan divulgarlos.

Derecho a la defensa

La PDLI, desde el más pleno respeto al derecho a la defensa, entiende que este se ve vulnerado, en todo caso, no porque la ciudadanía se mantenga informada de hechos de alcance público, sino por la ausencia de medios en los juzgados:

“La única forma de evitar juicios paralelos es dotar de medios a la justicia para que sea rápida y eficaz. La justicia lenta no es justicia”, ha manifestado el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

Doble vara en la presunción de inocencia

Además, la PDLI lamenta que el ministro presente tanto celo cuando las informaciones tratan sobre casos de corrupción, implícitos en su reproche, y pase por alto la reiterada falta de respeto del ministerio del interior a la presunción de inocencia en asuntos que afectan a la libertad de expresión y el derecho a la protesta y que ha dejado episodios legendarios (como la detención en 2011 a la, según se dijo, “cúpula de Anonymous”) o, más recientemente, en las informaciones difundidas sobre la detención de activistas en Cataluña en la llamada “Operación Pandora”.

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[Ilustración: Censura | (c)Bruno Aziz | BY-NC-SA 4.0]

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