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La PDLI apoya la ‘Declaración de Cádiz’ de los Consejos de transparencia de España

28 Sep , 2018  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha suscrito la ‘Declaración de Cádiz’, un documento conjunto impulsado por todas autoridades de transparencia de España en el que, entre otras demandas, piden  a los poderes públicos un “apoyo explícito” a su labor desarrollada y un “compromiso decidido en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia”.

Los Consejos de transparencia también agradecen “la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades, esenciales en la implantación y consolidación de la cultura de la transparencia en España” y solicitan, “la continuidad de su apoyo y colaboración en el empeño de transformar radicalmente la gobernanza de nuestras instituciones”.

Esta declaración institucional se ha presentado en el marco del III Congreso Internacional de Transparencia que se celebra en Cádiz, y del que la PDLI ha sido entidad copatrocinadora.

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia la integran las autoridades de control estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona.

Este es el documento íntegro:

‘Declaración de Cádiz’

“Las representantes y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupado/as en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia y reunido/as en la ciudad de Cádiz con motivo de la celebración del III Congreso Internacional de Transparencia, formulan la siguiente declaración a fin de conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber.

“La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, complementada con las diferentes normas aprobadas por las Comunidades Autónomas, ha sentado las bases de un nuevo modelo de gobernanza pública en España.

El preámbulo de aquella Ley establece que “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de las y los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando la ciudadanía puede llegar a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación”.

 El sentido de estas palabras no deja resquicio a duda alguna: es necesario que varíen los ejes de la acción política proporcionando mayor implicación a las ciudadanas y los ciudadanos. El actual Estado de Derecho necesita claridad y aún más, precisa tener la certeza de confiar en la forma de manejo de los fondos públicos. Nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de bienestar general.

 Una de las piezas clave de este nuevo modelo de gobierno basado en la transparencia de la acción pública es la creación de órganos de garantía de naturaleza independiente, a los que se encomiendan diferentes tareas encaminadas a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, el control y evaluación de la publicidad activa, la realización de actividades de formación y divulgación de aspectos vinculados con la rendición de cuentas y el funcionamiento transparente de los organismos públicos y, en general, el fomento de la denominada “cultura de la transparencia”.

Hace tres años comenzó el desarrollo de las instituciones de garantía con la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, sucesivamente, de los Consejos y Comisionados de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra. A partir de ese momento, los logros alcanzados son significativos y entre ellos destacan la delimitación del contenido del derecho de acceso a la información a través de más de siete mil resoluciones dictadas en la materia por los distintos órganos de garantía; la progresiva implantación de la cultura de la evaluación de la publicidad activa; la incipiente generalización de una nueva forma de actuación administrativa fomentada por el impulso de las tecnologías de la información o la formación de una ciudadanía más crítica con los poderes públicos a través del fomento de la cultura de la transparencia mediante la realización de acciones y actividades con las organizaciones y entidades de la sociedad civil.

 No obstante, el proceso de implantación de la transparencia en España no ha hecho más que empezar y, además de con las dificultades propias de una transformación radical de los sistemas de trabajo de las instituciones públicas, se enfrenta con importantes obstáculos y retos. Entre ellos, la falta de recursos económicos y, en su consecuencia, materiales y personales de los Consejos y Comisionados de Transparencia; la situación de debilidad de las Administraciones y organismos públicos de menor tamaño y reducida estructura, que se enfrentan a dificultades organizativas y de toda índole, para atender eficazmente las obligaciones derivadas de las políticas de transparencia y la persistencia en las estructuras y entidades públicas de algunos sectores y áreas de opacidad, resistentes al cambio, que lastran el impulso y la consecución plena del cambio de paradigma que supone la instalación de la transparencia en nuestro proceso público.

 Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad.  Las Administraciones deben -reconociendo la dificultad que ello representa sobre todo para las Administraciones de menor tamaño-  reasignar los recursos de que disponen de forma que puedan asumir con eficacia sus obligaciones también en este ámbito. Por su parte, los órganos de control, nacidos en un escenario de contingentación de recursos humanos en las Administraciones públicas, deben dotarse suficientemente de medios económicos y humanos para que puedan ejercer de forma efectiva la función de control y garantía de los derechos ciudadanos que les es encomendada por la Ley. Tener órganos de control débiles o infradotados perjudica la calidad y la efectividad de los derechos que la ciudadanía ha adquirido en los últimos tiempos.

 Por ello, es necesario y  urgente que se garantice la viabilidad y eficacia de los órganos de garantía, y que reciban un decidido y definitivo impulso de las Autoridades políticas y un apoyo explícito por su parte a esta nueva cultura de la transparencia y la información pública, que pugna por establecerse con carácter definitivo ente nosotros y transformar nuestra manera de vivir y comprender la acción y el servicio público. Y este impulso debe ser también requerido por todos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil activas en materia de transparencia y acceso a la información, que, fuera de todo marco institucional, han sido pioneras en España en trasladar a los poderes públicos las demandas e iniciativas de la ciudadanía y han mostrado desde el principio su firme convicción en la relevancia de la transparencia en la actuación pública y en el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de nuestras instituciones.

 Estamos en la encrucijada de un cambio de paradigma en la gestión pública y en las formas de comprender lo que significa el servicio público y la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. Un cambio de paradigma que puede consolidarse y dar como fruto décadas venideras vividas en un marco socio-político e institucional basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la moralidad y la ética pública, marco que a la vez promoverá un mayor crecimiento económico y una nueva sociedad que ahonde en la libertad e igualdad; como riesgo ante el que hay que estar alerta, puede también que este profundo y necesario cambio no se materialice, que la sociedad se relaje en su nivel de exigencia democrática ante la reducción de las necesidades sociales que se aventuran fruto de la recuperación económica y que todo lo trabajado y conseguido en este proyecto social de reforma institucional, se estanque y pierda su significado y empuje.

Agradecemos la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades, esenciales en la implantación y consolidación de la cultura de la transparencia en España, y les solicitamos la continuidad de su apoyo y colaboración en el empeño de transformar radicalmente la gobernanza de nuestras instituciones

Ante una coyuntura crítica no podemos por menos que ser exigentes y demandar cambios valientes que amplíen y mejoren lo logrado hasta ahora para conseguir que el cambio sea real y que los beneficios de éste, unas instituciones democráticas al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, sin máculas corruptas y que logren mejores cotas de desarrollo humano, sean el patrimonio común de esta reforma.

Por todo ello, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, en el Día Internacional del derecho a saber:

 Primero.- Reafirmamos nuestro compromiso firme y efectivo con el desarrollo e implantación de la Transparencia en España.

 Segundo.- Demandamos de los poderes públicos, desde la lealtad institucional, un apoyo explícito a nuestro trabajo y un compromiso decidido en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

 Tercero.- Demandamos una reforma que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia activa han supuesto hasta la fecha en nuestro país, tanto a escala estatal, autonómica como local. Entre estas reformas consideramos necesarias: consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios.

 Cuarto.- Agradecemos la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades, esenciales en la implantación y consolidación de la cultura de la transparencia en España, y les solicitamos la continuidad de su apoyo y colaboración en el empeño de transformar radicalmente la gobernanza de nuestras instituciones”.

Cádiz, 28 de septiembre de 2018

DOCUMENTO

‘Declaración de Cádiz’, de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia (Cádiz, 28 de septiembre de 2018)

 


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