El Ateneo de Madrid acogió ayer el acto por la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde grupos parlamentarios de la oposición, exceptuando a UPyD, CIU y PSOE, y partidos sin representación parlamentaria como Podemos firmaron un compromiso con la ciudadanía de derogación de la ley en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura.

En este encuentro, al que asistieron más de 300 personas como testigos del acto de firma, participaron organizaciones sociales de toda índole (sindicatos, ong’s, partidos y colectivos ciudadanos) en una asamblea abierta al público en la que se compartieron propuestas y compromisos entorno a un mismo objetivo: parar la Ley Mordaza.

En la asamblea, los representantes de diferentes iniciativas sociales hablaron sobre las implicaciones de esta ley y de cómo se vulneran derechos fundamentales que son propios de un sistema democrático. Greenpeace, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Defiende a quien defiende, Avaaz, Las Marchas de la Dignidad22M, Democracia Real Ya y Madres contra la Represión señalaron como esta ley lo que busca es reprimir el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

“En un momento crítico en el que señalamos a la oligarquía energética y a los intereses que dañan al medio ambiente, vemos amenazada nuestra actividad con sanciones para los activistas más comprometidos, nos quieren fundir a multas”, denunció Miguel Ángel Soto de Greenpeace.

Amnistía Internacional y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)  apuntaron la amenaza que esta ley supone hacia derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. “Pone en riesgo derechos fundamentales, impidiendo que periodistas y ciudadanos puedan grabar y difundir injusticias”, señalo María Serrano de Amnistía Internacional.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) y Legal Sol 15M advirtieron de la limitación que esta ley supone a nuestro acceso a la Justicia. “Esta ley no viene sola sino que va acompañada de un paquete de reformas como el código penal, la ley de tasas, la ley de asistencia jurídica gratuita o la ley de enjuiciamiento criminal, con las que se señala a quien roba en un supermercado pero no a quien comete grandes fraudes”, Alejandro Gámez de ALA.

SOS Racismo, Pueblos Unidos, Cáritas y la Plataforma del Tercer Sector alertaron del ataque directo hacia los derechos de las personas migrantes y en situación de vulnerabilidad social. “Los inmigrantes se ven doblemente afectados por estas leyes, que dividen a las personas, en ciudadanos de primera y de segunda”, según explicó Isabel Elenku de SOS Racismo.

Por último, Ganemos Madrid, Confederación Pirata y Attac se pronunciaron sobre cómo esta ley afecta a la política social y económica. “Esta gran cascada de leyes en el plano económico van en paralelo a una serie de tratados de libre comercio e inversiones con los que pretenden robarnos nuestros derechos para ponerlos al beneficio de la élite financiera”, recordaba Sol de Attac.

El encuentro confluyó en un compromiso firme y unitario adquirido por todas las personas asistentes: parar la ola de represión, la estrategia del miedo y estado policial del gobierno, saliendo a la calle porque “no tenemos miedo a ejercer nuestros derechos y ante la represión ni un paso atrás”.

De este compromiso, salió también un acuerdo inmediato, el acudir todas a la manifestación del 14 de febrero convocada por No Somos Delito contra las Leyes Mordaza.

Desde un principio, estaba previsto que el Congreso fuese el lugar de escenificación de este encuentro en rechazo a la Ley Mordaza pero por motivos que explicó Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Unida, esto no fue posible debido a que el Partido Socialista por motivos de agenda canceló de forma unilateral la celebración de este acto para el día 3 de febrero y vetó la posibilidad de que el grupo parlamentario de IU solicitara esta sala, impidiendo así que este encuentro se celebrara en el Congreso en la fecha programada.

La Plataforma No Somos Delito, insistió en que la Casa del Pueblo no es patrimonio de ningún partido y apeló a que se eviten pactos a puerta cerrada y se facilite la asistencia y participación real de la ciudadanía en los asuntos públicos.

“El Parlamento no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía y su reacción es criminalizarnos con una ley que impone multas desorbitadas por parar desahucios como hace la PAH, por proteger el medio ambiente como hace Greenpeace, por defender el acceso a una sanidad pública y universal como hace la marea blanca o los afectados por la hepatitis c, por luchar contra la manipulación mediática como los trabajadores de RTVE o TeleMadrid, por defender nuestros derechos laborales como Coca Cola en lucha o por sobrevivir como los migrantes que cruzan la valla de Melilla”, apuntaba No Somos Delito en su intervención.

Para la Plataforma, un ejemplo de seguridad ciudadana es cuando el gobierno garantiza a todas las personas el acceso a derechos fundamentales como son una vivienda digna, una educación y sanidad pública para todas, un salario digno o el acceso a la cultura, “y nada de eso se nos está garantizando, al revés, nos lo están arrebatando”.

Por este motivo, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sindicatos y partidos políticos hicieron ayer un llamamiento conjunto a toda la ciudadanía a manifestarse el 14 de febrero. “El 14F nos declaramos amantes de la libertad y salimos a la calle a decirles que no queremos vivir AMORdazados, que no tenemos miedo y porque no somos delito” es el mensaje de la Plataforma.

[*] Nota informativa de No Somos Delito, Plataforma apartidista, en la que participan más de 100 colectivos, juristas, asociaciones, ONG y activistas que luchan contra la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas porque considera que estas reformas sólo buscan criminalizar las protestas sociales y afectan a la Libertad de Expresión y reunión, derechos fundamentales para la Democracia.

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