La Defensora del Pueblo tiene abierto un expediente informativo por la queja que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) presentó el pasado mes de mayo ante las sanciones impuestas a los periodistas Mercè Alcocer, de Catalunya Ràdio, y Axier Lopez, del medio vasco Argia, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”.
Sin embargo, hasta el momento, la oficina de Soledad Becerril no ha recibido ninguna respuesta del ministerio del Interior, según ha transmitido a la PDLI.
Ante este silencio, la Defensora del Pueblo ha requerido, por segunda vez y por vía urgente, a las Delegaciones del Gobierno de Madrid y País Vasco, para que le contesten a su petición de información sobre estas sanciones.
Alcocer fue multada con 600 euros por “desobediencia a unos agentes de la autoridad” cuando cubría el caso Pujol ante la Audiencia Nacional el pasado 20 de febrero. La periodista denunció entonces que “los agentes entorpecieron en todo momento la tarea informadora de los periodistas con un celo excesivo”, impidiendo a los medios “acceder a los abogados y al fiscal, dentro y fuera de las dependencias judiciales”.
A Axier Lopez, por su parte, se le sancionó por publicar en su cuenta de Twitter, “sin autorización”, la foto de la detención policial de la activista Naroa Ariznabarreta, quien precisamente, hace unas semanas fue absuelta de todos sus cargos.
Por informar sobre la detencion de Naroa Ariznabarreta nos aplicaron la #LeyMordaza
Hoy la han absuelto de todos los cargos.@argia pic.twitter.com/xX8Sceb8ar
— Axier Lopez (@axierL) 18 de octubre de 2016
Tampoco recibió respuesta la Defensora del Pueblo de la Delegación del Gobierno en Castilla León, en un primer momento, sobre la sanción impuesta a un reportero gráfico del Diario de Burgos por “resistencia a la autoridad” al negarse a borrar las fotografías de un accidente laboral en el que resultó muerto un trabajador de 24 años.
En este caso también tuvo que requirir, “ante la tardanza en recibir esta información”, la remisión urgente de la misma. Finalmente, en agosto, se informó que el expediente del fotógrafo burgalés había quedado sobreseído.
Este silencio reiterado es ilustrativo del desprecio del Gobierno hacia un derecho fundamental como es la libertad de información
Para la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, “este silencio reiterado es ilustrativo del desprecio del Gobierno hacia un derecho fundamental como es la libertad de información y de su absoluta falta de respeto hacia los ciudadanos españoles. La PDLI seguirá utilizando cuantos canales estén a su alcance para exigir respuestas oficiales y poner coto a la desmesura que suponen las leyes mordaza”.
Documentos:
Comunicación de la Defensora sobre la situación del expediente de queja (agosto, 2016)
