La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que es un paso importante y muy necesario para el derecho a la información de la ciudadanía la propuesta de Directiva aprobada por el Parlamento Europeo sobre protección de los denunciantes.
Este acuerdo europeo para proteger a los denunciantes y las filtraciones tiene que plasmarse en las normas españolas.
Será una de nuestras prioridades la próxima legislatura. #Whistleblowers https://t.co/teGyWR22YZ
— PDLI (@PDLI_) April 17, 2019
Según ha informado el Parlamento en un comunicado, “Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos”.
El objetivo de la futura Directiva es garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE. La nueva ley establecerá canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas.
También se pretende proteger a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades.
Las nuevas normas abarcan una amplia gama de ámbitos del Derecho de la UE que incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. Además, los Estados miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos. La Comisión alienta a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de infracciones.
- Procedimientos y obligaciones de denuncia claros para los empleadores: las nuevas normas establecerán un sistema de cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en el contexto de la comunicación con las autoridades públicas.
- Cauces seguros de denuncia: se anima a los denunciantes a que informen primero a nivel interno si la infracción que desean revelar puede tratarse de manera eficaz dentro de su propia organización y siempre y cuando no estén expuestos a represalias. También pueden informar directamente a las autoridades competentes si lo consideran oportuno, en función de las circunstancias del caso. Además, si tras la denuncia a las autoridades no se toman las medidas oportunas o si existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando la denuncia a las autoridades no surta efecto, debido, por ejemplo, a que dichas autoridades se hallan en connivencia con el autor del delito, los denunciantes pueden divulgar la información, también a los medios de comunicación. Ello permitirá proteger a los denunciantes cuando actúan en calidad de fuente en el contexto del periodismo de investigación.
- Prevención de represalias y protección eficaz: las normas protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia. También exigirán a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracciones y la protección a la que pueden acogerse. Los denunciantes también gozarán de protección en los procedimientos judiciales.
Contexto
La protección ofrecida a los denunciantes de infracciones en toda la UE es actualmente fragmentaria y desigual. En la mayoría de los países de la UE, la protección concedida es parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de empleados.
La Comisión se comprometió a tomar medidas para proteger a los denunciantes de infracciones, en su calidad de fuente periodística, en el Segundo Coloquio Anual sobre Derechos Fundamentales que tuvo lugar en noviembre de 2016 y versó sobre el tema «Pluralismo de los medios de comunicación y democracia». La Comisión presentó en abril de 2018 una propuesta de Directiva relativa a las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión. Dicha Directiva iba acompañada de una Comunicación sobre cómo proteger mejor a los denunciantes en la Unión Europea en términos más generales.
El refuerzo de la protección de los denunciantes de infracciones también materializa el compromiso de la Comisión de hacer mayor hincapié en el cumplimiento del Derecho de la UE, tal como se establece en su Comunicación de 2016: Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación.
