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‘Declaración de Málaga’ por la transparencia y el derecho a la información

2 Oct , 2019  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)junto con las autoridades en materia de Transparencia, académicos y entidades de la sociedad civil por el derecho de acceso, ha suscrito la ‘Declaración Málaga’, como un acuerdo global de mínimos para avanzar hacia una plena garantía de este derecho fundamental.

La ‘Declaración de Málaga’, impulsada por los Consejos y Comisionados de Transparencia de España, se presenta como conclusión del IV Congreso Internacional de Transparencia en el que la PDLI ha sido entidad colaboradora, además de participar en una mesa y un seminario.

El documento recuerda los pasos que aún faltan por dar para que el derecho de acceso a la información esté plenamente garantizado y para que la ciudadanía pueda ejercerlo de forma efectiva.

Para la PDLI, el derecho de acceso es un derecho fundamental indisoluble de la libertad de información. Por ello, desde la constitución de la Plataforma en 2014, es uno de los ejes prioritarios de actuación y de las reivindicaciones que la PDLI viene planteando ante gobiernos y partidos políticos.

El texto íntegro de la ‘Declaración de Málaga’ es el siguiente:

Declaración de Málaga

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formularon en la ciudad de Cádiz, con ocasión del III Congreso Internacional de Transparencia, una declaración pública en apoyo de la transparencia y en demanda de un mayor apoyo a su labor por parte del resto de los poderes públicos y las Autoridades estatales, autonómicas y locales.

La Declaración de Cádiz, primera de esta naturaleza, contó con el apoyo explícito de los organizadores del Congreso de Transparencia y de 31 organizaciones de la sociedad civil, y tuvo repercusión en los medios, tanto digitales como convencionales y tanto a nivel estatal como autonómico y local.

La Declaración planteaba dos cuestiones fundamentales a los Gobiernos y Autoridades públicas. En primer lugar, la necesidad de continuar impulsando el cambio de paradigma que supone la transformación de la política y la actuación pública en una acción abierta a la ciudadanía y la sociedad a través de unas organizaciones y Administraciones Públicas propias del siglo XXI, ágiles, transparentes, flexibles y  en continuo y recíproco contacto con todos los agentes y sensibilidades sociales.

Y en segundo lugar, demandaba la exigencia de garantizar el reconocimiento y el adecuado apoyo material a los Consejos y Comisionados de Transparencia, a nivel nacional y a nivel autonómico, si realmente se quiere lograr la transparencia de la actividad pública, tanto en su vertiente de publicidad activa como en la de garantía del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, así como la promoción y difusión de los valores y principios propios de esa cultura de la transparencia que desde hace casi cinco años las españolas y los españoles estamos decididos a implantar en nuestro sistema político y administrativo.

En estos momentos, transcurrido un año desde que se adoptó la Declaración de Cádiz, hemos de reconocer que no se ha obtenido la respuesta deseada. La política de transparencia continúa siendo una gran olvidada en la agenda de los gobernantes y los grupos políticos. Los Consejos y Comisionados de Transparencia no hemos sido dotados de medios adecuados, ni en el terreno de los recursos humanos ni en el de los económicos y materiales. El Consejo de Transparencia estatal continúa con una Presidencia interina que dura casi dos años. Y la resistencia al cambio de demasiados organismos e instituciones -que se prolonga incluso en el ámbito judicial- comienza a convertirse en un grave obstáculo para la eficacia de la actividad de los órganos garantes.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia somos conscientes de la dificultad de alcanzar acuerdos políticos que superen el actual bloqueo institucional, y de los obstáculos, no solo políticos sino también jurídicos y de orden constitucional, que esta situación supone para la adopción de decisiones a medio y largo plazo. Somos conscientes también de que, en un mundo cambiante y complejo como el actual, que se enfrenta a retos y desafíos inéditos en los ámbitos de la sostenibilidad, la  digitalización, la economía, los movimientos migratorios y sociales, la igualdad e, incluso, la demografía, no cesan de presentarse nuevas necesidades y urgencias que deben atenderse con preferencia a otras cuestiones y políticas públicas.

En este contexto, las políticas de transparencia pueden aparecer como prescindibles o secundarias. Pero no lo son en absoluto, máxime en tiempos como los actuales, en que el fantasma de la corrupción ha vuelto a hacerse presente en la vida pública española y en los que crece la demanda social de regeneración democrática y gobierno ético de las instituciones. La transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información garantizan la rendición de cuentas de los gestores públicos y fortalecen la recuperación de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus dirigentes, debiendo prevalecer por ello en los programas y actuaciones de nuestros y nuestras gobernantes y constituir un objetivo prioritario e irrenunciable.

Así, más allá de que todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, se hayan declarado comprometidos con la transparencia y el buen gobierno, lo cierto es que, pasada la efervescencia de la entrada en vigor de la ley, su implicación ha ido perdiendo peso en estos últimos años, y los Consejos y Comisionados de Transparencia se han resentido especialmente por ello, al crecer exponencialmente la demanda de la ciudadanía de su amparo por la vulneración de su derecho a saber, sin que reciban de los poderes públicos la adecuada dotación de medios para satisfacerla. Por ello, debemos llamar la atención pública y advertir de que dejar morir de inanición a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la opacidad de las administraciones públicas, es una decisión política que, si no responde a la intención de eludir su control, en cualquier caso, tiene ese efecto.

Es cierto que, en estos momentos, la política de transparencia que se inició en nuestro país casi cinco años atrás, ha quedado parcialmente superada  por la evolución de los  acontecimientos y las preocupaciones sociales. Una política diseñada para impulsar la apertura de nuestras instituciones, Administraciones Públicas y entidades privadas de relevancia social o perceptoras de fondos públicos, y garantizar su funcionamiento abierto a la mirada y al escrutinio de la ciudadanía, se ha visto desbordada por la aparición de nuevos requerimientos de integridad pública y lucha contra la corrupción y de participación ciudadana, que han puesto sobre la mesa distintas demandas adicionales a la transparencia en sí misma considerada. Estas demandas van de la regulación de los grupos de interés a la protección de los denunciantes o la persecución de las malas prácticas en la contratación pública o la política de subvenciones de las Administraciones.

Hoy día es necesario conectar la transparencia con las medidas de Gobierno Abierto, el establecimiento de Códigos Éticos en las personas públicas y privadas, la apertura de registros de lobbies y lobistas, la publicación de las agendas de trabajo de los Altos Cargos y Autoridades públicas e, incluso, con las modernas tecnologías basadas en el big data y la inteligencia artificial que permitirán a las Autoridades de control y a los órganos de garantía conocer de antemano, a través de sistemas de alerta temprana, los puntos de los procesos de trabajo y los procedimientos administrativos en que pueden producirse  desviaciones de la normativa o prácticas fraudulentas o corruptas.

También es el momento de incorporar al ordenamiento jurídico un sistema de protección e indemnidad a aquellos ciudadanos que tienen evidencias de prácticas corruptas, para que contribuyan a formar una red pública de vigilancia contra la corrupción pública o privada. Y es hora de avanzar en el desarrollo teórico y jurídico de conceptos en los que se trate la transparencia, la participación, la ética pública o el gobierno abierto como diferentes manifestaciones de un mismo “poliedro”; caras de un mismo “proyecto de la transparencia”. No es conveniente tratar separadamente aspectos de una misma realidad pues ello distorsiona la solución integral y global del problema.

Desde este punto de vista, tal vez haya llegado el momento de redefinir la política establecida por nuestra Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública de 2013 y las leyes autonómicas dictadas en desarrollo de la misma y coordinarla con las otras políticas anticorrupción y de participación ciudadana puestas en práctica por determinados Gobiernos e instituciones públicas.

En esta nueva definición es esencial que, los Consejos y Comisionados de Transparencia tengan un escenario de fortalezas y una estructura que reduzca las, hasta ahora, debilidades que se evidencian, muchas de ellas por una deficiente e insuficiente regulación de esos órganos de control.

Así mismo, para una democracia más auténtica, se tiene que potenciar la demanda de transparencia en la ciudadanía y para ello nada mejor que instrumentar legalmente, la participación ciudadana en los Consejos y Comisionados mediante fórmulas de colaboración, auditoría ciudadana y control basadas en mecanismos de voluntariado, ejercitando una mediación que aumenta la calidad de las instituciones.

En todos estos ámbitos, los Consejos y Comisionados de Transparencia podemos jugar un papel clave. Primeramente, por la experiencia y know how acumulados durante nuestros casi cinco años de actividad. Y, adicionalmente, por representar un entramado institucional y orgánico ya implantado y presente en este área de actuación que podría ampliarse o reorganizarse para optimizar cara al futuro la funcionalidad de la actuación pública y la eficiencia del gasto público, haciendo innecesaria la creación de nuevas instituciones u organismos públicos.

En cualquier caso, la visión y las perspectivas de futuro no deben hacernos olvidar las actuales circunstancias. La transparencia es hoy un hecho y una conquista de nuestro sistema democrático, que está presente desde hace cinco años en nuestro proceso público, consolidándose en nuestras instituciones y nuestras Administraciones de forma lenta pero decidida, mediante la labor silenciosa y continuada de muchas Autoridades y organizaciones políticas, servidores públicos, instituciones de control y garantía, organismos y entidades públicas, profesionales de los medios de comunicación, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y, cómo no, ciudadanos y ciudadanas individuales, preocupados por la calidad y buena salud de nuestra democracia.

Baste decir que, en el ámbito interno, a lo largo de 2019, se ha aprobado una nueva Ley de Transparencia (la de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid) y se ha dado un crecimiento más que considerable de las visitas a los portales de transparencia estatales, autonómicos y locales y del volumen de datos e informaciones publicados por éstos y un incremento significativo de las reclamaciones planteadas a los Consejos y Comisionados, que apunta a consolidarse en el futuro como una tendencia y a llevar el ejercicio del derecho de acceso en España a estándares homologables internacionalmente.

 

Es por ello que hoy, a través de esta declaración pública, los Consejos y Comisionados de Transparencia, reunidos una vez más con ocasión de la celebración de un nuevo Congreso Internacional de Transparencia:

 

1º.- Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública

 

2º.- Igualmente reiteramos la demanda de apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de nuestras organizaciones y su dotación de recursos,

 

3º.- Ponemos de manifiesto la necesidad de que se nos conceda un protagonismo cierto y efectivo en la propuesta y puesta en práctica de las medidas que puedan diseñarse en el futuro para ampliar el campo de la normativa actual, extremar el rigor en la lucha contra el fraude y las prácticas corruptas y responder de forma adecuada a las peticiones y demandas de la ciudadanía a favor de mayor transparencia en el funcionamiento de nuestras instituciones, de regeneración de nuestra vida pública y de mayor integridad en el comportamiento de nuestros gobernantes, representantes y toda clase de servidores públicos.

En Málaga, a 2 de octubre de 2019.

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