Desde su primera edición, en septiembre de 2016, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) viene contribuyendo, como entidad coorganizadora, a la celebración del Congreso Internacional de Transparencia, un evento de referencia para el debate e intercambio de experiencias sobre la transparencia y otras materias afines como la participación, la rendición de cuentas o la regulación jurídica de los lobbies, entre otras muchas.
En esta quinta edición el Congreso, que fue inaugurado por la ministra Carolina Darías, ha contado con 600 participantes, 250 ponencias y 21 países representados.
En su clausura, la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, ha destacado que “la transparencia y el derecho de acceso forman parte de los principios fundacionales de la Plataforma, por ser condiciones inseparables de la libertad de información y el derecho a la ciudadanía a estar informada”.
Sin embargo, en España, aún existen déficits importantes. Estas serían las cinco prioridades que la PDLI considera esenciales para garantizar este derecho:
1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental
Se trata de una exigencia que la PDLI ha presentado ante Naciones Unidas en el marco del Proceso de Revisión Universal al que nuestro país se ha sometido este año: así, en el informe que impulsamos y presentamos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU junto con otras organizaciones[1] se recogía que “España está incumpliendo los estándares internacionales al no haber sido reconocido el acceso a la información como un derecho fundamental por los legisladores ni por los tribunales”. Además, se resaltaban otras carencias como las excesivas exigencias formales para presentar una solicitud de información o limitaciones y excepciones de la Ley de Transparencia que, además, permite a otras leyes prevalecer. [Leer aquí el informe completo, elaborado por el jurista de la PDLI Joan Barata]
Estas deficiencias legales han sido también resaltadas en este Congreso en diferentes Declaraciones que la PDLI ha apoyado, como la “Declaración de la UNED” de la Red de Consejos de Transparencia y la Declaración de la Coalición Pro Acceso, de la que la Plataforma forma parte.
2. Filtraciones periodísticas y protección de los ‘whistleblowers’
La PDLI viene reclamando que la inmunidad que contempla la Directiva no solo debe cubrir los actos de los ‘whistleblowers’ o alertadores/informadores, sino que debe extenderse también a las plataformas que alojan las filtraciones y a los periodistas y medios de comunicación que las publican. Con independencia de lo que diga la directiva, si esa transposición no modifica el Código Penal no cambiaremos nada: “Hay que dejar de criminalizar al informador”, señaló el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, en su ponencia sobre esta norma europea que España debe incorporar como muy tarde el próximo año.
3. Garantizar la transparencia de los algoritmos
Para la presidenta de la PDLI “uno de los retos emergentes que más pueden condicionar la libertad de información es la transparencia de los algoritmos”, como ponen de manifiesto casos como la batalla judicial de CIVIO para lograr el código del algoritmo que concede, o no, el bono social eléctrico.
4. Pandemia, desinformación y noticias falsas
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de información regular y confiable de nuestras instituciones públicas y nuestros líderes. Así, los Relatores sobre libertad de expresión de la ONU (David Kaye) y la CIDH (Edison Lanza) y el Representante de la OSCE sobre libertad de prensa (Harlem Désir) emitieron en marzo una Declaración conjunta (“Ante la crisis del COVID-19, los Gobiernos deben promover el libre flujo de información”) instando a la transparencia por parte de los gobiernos.
Algo que hemos visto que las Administraciones en España con frecuencia vulneran, como la reciente prohibición del Gobierno de Madrid impidiendo a los profesionales sanitarios hacer declaraciones a medios de comunicación sin autorización.
Desde la PDLI hemos mantenido una actividad de vigilancia del compromiso de las Administraciones con la transparencia durante la pandemia. Así, por ejemplo pedimos, junto a decenas de periodistas, libertad para preguntar en las ruedas de prensa telemáticas del Gobierno y también reclamamos, junto con 50 organizaciones internacionales, protección para los ‘whistleblowers’ durante la pandemia de COVID-19.
De estas acciones de la PDLI durante la pandemia destaca la exigencia de no usar la emergencia sanitaria como excusa para limitar la libertad de información, endureciendo el Código Penal con esta supuesta finalidad.
5. Futuras regulaciones sobre Internet
Por último, la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, señaló que “desde la PDLI también seguimos con preocupación el impacto en el derecho a la información de regulaciones futuras que afectan a la libertad de información en Internet como la Directiva de Copyright o la futura DSA (Digital Service Act)”.
Respecto al copyright, la PDLI, junto con expertos en propiedad intelectual, editores y responsables de medios, ha pedido que la transposición de esta Directiva no recupere el llamado ‘canon AEDE’ por sus perjuicios para el pluralismo y la libertad de prensa.
[1] FeSP, Access Info y el Grupo de Investigación grupo de investigación ‘Regulación jurídica y participación del ciudadano digital’ de la Universidad Complutense de Madrid
[Imagen: la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso]
