Canon AEDE: “malo para medios, anunciantes y usuarios”

En el marco del V Congreso Internacional de Transparencia que se ha clausurado esta semana, la PDLI ha organizado una mesa redonda en la que expertos, editores y responsables de medios analizaron el impacto de la normativa sobre copyright en el derecho a la información y el pluralismo informativo.

Raquel Xalabarder (catedrática de propiedad intelectual de la UOC), Arsenio Escolar (presidente de la AEEPP), Miquel Roig (subdirector de El Confidencial), Rosalía Lloret (directora general de eldiario.es), Virginia Pérez Alonso (directora de Público -y presidenta de la PDLI-) y David Bravo, (abogado experto en copyright y miembro de la PDLI) han explicado las consecuencias para el periodismo y la libertad de información de la normativa sobre propiedad intelectual y han reclamado un nuevo marco, respetuoso con la competencia y con los intereses de los usuarios, aprovechando la transposición de la nueva Directiva sobre copyright que España debe acometer de inmediato.

Todos los ponentes han coincidido en señalar los perjuicios de la legislación actual a causa del llamado ‘canon AEDE’, regulado en el artículo 32.2. de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo (ahora inaplicable conforme a la doctrina del TJUE en el caso VG Media), establecía el “derecho irrenunciable” para los editores de prensa de cobrar una tasa (a través, necesariamente, de las entidades de gestión de derechos) a los agregadores de contenidos en Internet por la indexación de sus artículos.

Para la catedrática de propiedad intelectual de la UOC Raquel Xalabarder “el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, introducido en el 2014 como límite a los derechos exclusivos de autor, curiosamente con el mismo objetivo que ahora persigue el artículo 15 de la Directiva, logró no satisfacer a nadie, es posiblemente contrario al acervo comunitario y sigue sin ser efectivo. Se podría aprovechar la ocasión para eliminarlo, no sin antes reflexionar sobre la bondad que comporta el sistema de la autorización legal – a los efectos de equilibrar el derecho fundamental a la información e interés de los editores – al evitar que en ejercicio del derecho exclusivo se prohíba o restrinja la indexación de contenidos”.

Por su parte Arsenio Escolar, en su condición de presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP), explicó la oposición de los editores que no forman parte de la antigua AEDE a ese canon: “La salida de Google News de España perjudicó a los pequeños medios nativos digitales. El 32.2 entró con un fin económico y con la intención de “poner puertas al campo” para controlar a los nativos digitales. Un informe elaborado por Nera Economic Consulting para la AEEPP (Informe completo, en español) anticipaba que el canon iría en detrimento del resto de editores, del desarrollo del mercado de consumo de agregación y producción de noticias, y así ha sido”.

El subdirector de El Confidencial Miquel Roig destacó que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual obedeció a los intereses de un grupo de editores que, ante el deterioro de su negocio, buscaron obtener una fuente adicional de ingresos por parte de uno de los gigantes de Internet: “Lo que se quiso hacer es parar los pies al buscador (a Google) y que pagase una parte del pastel. Por el camino hubo muchos daños colaterales: los medios nativos digitales perdieron tráfico. Perjudicó a los medios puramente nativos y a los agregadores. Lo de la irrenunciabilidad del derecho es lo que más me choca. Si yo tengo un derecho déjenme ejercerlo. El camino es claro: el fracaso de la anterior directiva deja claro que ese no es el camino”.

Rosalía Lloret (directora general de eldiario.es), señaló, por su parte, que los agregadores suponen un beneficio y no un perjuicio para los editores porque incrementan el consumo de noticias, lo que redunda en un aumento de los ingresos para los medios. Para Lloret, es importante destacar que la normativa sobre copyright “no sólo afecta a los agregadores sino también a los buscadores, a las redes sociales…y, en general, a cualquier servicio de Internet que puede incluir un pequeño extracto y enlace. No es sólo un servicio, como Google News, que se elimina y punto. Es prácticamente todo Internet”.

Además, puso el acento en el impacto del ‘canon’ en la calidad de los contenidos periodísticos: “Si llevamos la irrenunciabilidad que contempla la ley española a la incorporación de la nueva Directiva podemos crear un problema realmente grave. La Directiva trata de dar poder de negociación a los medios de comunicación frente a las grandes plataformas. Sin embargo, si mantenemos la irrenunciabilidad y el sistema de recaudación a través de entidades de gestión supondría que se equipararían todo tipo de contenidos. El click desesperado a cualquier precio se vería más incentivado”.

Sobre el ‘canon AEDE’ Virginia Pérez Alonso (directora de Público y presidenta de la PDLI) enfatizó el hecho de que “un ‘lobby’ de unos pocos editores, haciendo presión porque veían peligrar sus ingresos, lograse que el Gobierno del PP aprobara en solitario una norma que ha afectado a editores más pequeños y al propio derecho a la libertad de información”.

Respecto a la normativa sobre Propiedad Intelectual y su impacto, la presidenta de la PDLI, destacó cuatro claves. Por un lado, resaltó que la Directiva pasa por alto que Internet “no sólo es consumo, también es aportación”. También apuntó el riesgo de dejar “la libertad de expresión en manos de intermediarios como Google o Facebook, lo cual es peligrosísimo”.

Además, la presidenta de la PDLI, recordó las amenazas para el contenido creativo por el filtrado automático a través de algoritmos y, por último, los problemas que va a suponer en enlace y la cita, con la redacción ambigua de la norma comunitaria:

“Esto supone un límite a la libertad de los ciudadanos para buscar y compartir información. Es un riesgo grave. La pluralidad de los medios puede sufrir a medida que las fuentes de noticias nuevas o innovadoras ya no se traten por igual en la visualización de resultados por Internet”.

Finalmente, David Bravo, (abogado experto en copyright y miembro de la PDLI) concluyó afirmando que pocas normas han sido tan malas para tantos: “El canon AEDE se aprobó aun en detrimento del resto de editores, del desarrollo del mercado de consumo de agregación y producción de noticias y, en última instancia, de los consumidores (incluyendo los anunciantes), y del bienestar social“.

Todos los vídeos de la sesión “Medios y transparencia. La regulación sobre copyright para la prensa” en V Congreso Internacional de Transparencia (Canal UNED)