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10N: La PDLI reclama a los partidos reformas legales para cumplir con los estándares internacionales sobre libertad de expresión

29 Oct , 2019  

La Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI) ha presentado hoy un informe de balance de la situación de la libertad de expresión en España que arroja, a juicio de esta entidad, “un panorama vergonzoso y desolador”.

El documento recoge todas las normas vigentes en nuestro país que vulneran este derecho fundamental y los casos más graves en los que se han venido aplicado. Además, se proponen 10 medidas legislativas para revertir esta situación y adecuar la legislación española a los estándares internacionales a los que España está sujeta.

La PDLI va a hacer llegar este informe a todos los partidos políticos para que se comprometan durante la campaña electoral a realizar estas reformas durante la próxima legislatura.

Cuando opinar es delito

La PDLI señala el Código Penal como principal causante de los ataques más serios contra la libertad de expresión. Así, el documento de la PDLI menciona más de diez artículos en los que no se están respetando los parámetros de la ONU: 205 a 216 sobre injurias y calumnias; artículos 492 a 494 sobre injurias a la Corona; 496 sobre injurias a las Cortes Generales o Parlamentos autonómicos; 504 injurias y calumnias al Gobierno y otras instituciones; 556 falta de respeto a la autoridad; 543 sobre ultraje a España y sus símbolos; 524 y 525 sobre ofensa a los sentimientos religiosos; y 510 sobre discurso del odio.

A estos hay que añadir los reformados mediante el llamado ‘pacto antiyihadista’, entre los que se encuentran el enaltecimiento del terrorismo (artículo 578) y el adoctrinamiento (artículo 575) que penaliza la mera consulta de páginas webs.

El daño del Código Penal a la libertad de expresión y a nuestra democracia es incalculable

“El problema de todo ello no es sólo que criminaliza expresiones completamente legítimas desde el punto de vista de los estándares internacionales, como hemos visto en demasiados casos -explica la presidenta de la PDLI Virginia Pérez Alonso-, es que además producen lo que llama efecto desaliento, o efecto autocensura, muy difícil de evaluar. El daño del Código Penal a la libertad de expresión y a nuestra democracia es incalculable”, zanja.

Para ilustrar esta situación, el informe enumera los diversos casos en los que estos preceptos que piden derogar (la mayoría de ellos) o reformar (discurso del odio y los de terrorismo) se han aplicado. Así, repasa casos como el del grupo vegano acusado de terrorismo, los tuits que llevaron a la Audiencia Nacional a César Strawberry o Cassandra, o el de la procesión del coño insumiso que provocó un procedimiento penal de dos años por ofensa a los sentimientos religioso.

La PDLI señala que periodistas y medios de comunicación no están libres de la aplicación de estos artículos tan lesivos para la libertad de expresión, y recuerda los casos de ‘El Jueves’ o el del humorista de ‘El Intermedio’, Dani Mateo.

El informe de la PDLI también recoge el impacto del Código Penal en el activismo y en el derecho de manifestación al criminalizar determinados usos de Internet o de la informática para difundir opiniones o para organizar protestas.

La ‘Ley Mordaza’ hace caja recortando derechos fundamentales

Respecto a la ‘Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana’, conocida como ‘Ley Mordaza’, la PDLI denuncia un patrón sancionador, en el que los artículos más imprecisos son los que más se han aplicado.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley Mordaza’), finales del año pasado se han impuesto un total de 766.416 multas, con una cuantía total de 416.527.489 euros, según los balances anuales de Interior.

 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL Mº DEL INTERIOR

Sobre los artículos más lesivos para la libertad de expresión e información, las sanciones por supuestas infracciones del artículo 37.4 sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fueron las más numerosas, en una progresión que no ha dejado de crecer llegando a triplicarse en algún caso[1]. En total, a causa de este precepto se han impuesto 65.007 multas por un importe de 9.730.644 euros desde la entrada en vigor de la ley.

Por su parte, las sanciones por “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (artículo 36.6 de la Ley) han sido 42.850. La cuantía total de estas multas fue mayor, alcanzando los 26.282.353 euros.

Mientras las multas a periodistas o activistas caían en el cajón de sastre de estos dos artículos genéricos, el artículo referido al uso inadecuado de fotografías a policías (36.23) ha supuesto 125 multas desde la entrada en vigor de la ley, por un importe total de 7.786.300 euros.

10 medidas para los partidos

Ante esta situación, la PDLI plantea un decálogo de medidas urgentes, en el que también se abordan otros problemas como la seguridad de los periodistas y de sus fuentes, culminar la reforma de RTVE o mejorar la transparencia de las Administraciones impidiendo el uso arbitrario de categorías como la de ‘secretos oficiales’ para evitar la obligación de informar.

Estas reformas, que la PDLI hará llegar a los partidos para las incluyan en sus propuestas electorales de cara a la próxima legislatura son las siguientes:

  1. Derogación de los artículos más lesivos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
  1. Reforma del Código Penal, derogando artículos como los de ofensa a los sentimientos religiosos, insultos a la Corona o los de injurias y calumnias; y modificando otros como los referidos a los de discurso del odio o terrorismo.
  1. Culminar la reforma de RTVE y dar frecuencias a los medios comunitarios imprescindibles para el pluralismo informativo y el derecho a la información.
  1. Transparencia: protección legal de los denunciantes (whistleblowers) y de las plataformas, medios y periodistas que publican filtraciones de interés público.
  1. Reparto equitativo a los medios de la publicidad institucional.
  1. Mejorar la ley de Transparencia.
  1. Garantizar la seguridad de los/as periodistas frente a cualquier clase de violencia.
  1. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prohibiendo el espionaje preventivo.
  1. Proteger las libertades de expresión e información en Internet de cara a las próximas transposiciones de Directivas europeas.
  1. Mejorar el derecho de acceso a la Justicia, dotándola de medios adecuados y protegiendo el Turno de Oficio, imprescindible para garantizar el disfrute efectivo de nuestros derechos y libertades, entre ellos la libertad de expresión e información.

Traslado a la ONU 

Algunas de estas medidas, como la derogación de la llamada ‘Ley Mordaza’ o la reforma del Código Penal, que la PDLI viene reclamando desde 2014, se han recogido, además, en un informe conjunto que la Plataforma ha presentado ante la ONU junto con otras organizaciones de cara al ‘Examen Periódico Universal’ sobre la situación de los derechos humanos al que España le toca someterse en unos meses.

Documento

Informe PDLI: Prioridades y balance de la libertad de expresión e información en España 2019 [pdf.]

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Imagen: Pleno de apertura de la XII Legislatura (Congreso.es)
[1] En 2016 se impusieron en España 19.497 multas por el artículo 37.4, mientras que en la mitad 2015 en la que estuvo vigente la ley (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse) se habían sancionado “sólo” 3.130 conductas por este mismo concepto.

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